Mauricio Macri iba dentro de un ataúd, los pies y las manos atados con alambre, una capucha negra en la cabeza. Tenía miedo.Su cuerpo golpeaba con las paredes del cajón en cada curva de la camioneta donde lo habían metido sus secuestradores. Dos de ellos viajaban sentados arriba de la tapa del ataúd. Era la una y cuarto de la madrugada del 24 de agosto de 1991. Sábado. Increíblemente, casi 27 años después, las derivaciones por la investigación de aquel secuestro siguen abiertas.El jueves pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de queja. Un trámite de rutina que tuvo un efecto práctico considerable. Dejar firme el sobreseimiento a un juez acusado de un delito insólito: “Incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes”.Mauricio Macri, inmediatamente después de ser liberado tras su secuestro. (Archivo Clarín)El fallo lleva la firma de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti y beneficia al juez de Instrucción porteño Luis Zelaya.Este juez había sido acusado por uno de los secuestradores condenados, que luego denunció haber confesado bajo torturas. Un sargento de la Federal que señaló a los comisarios jefes de la banda de secuestradores y que se puso a sí mismo como “operativo, un soldado que recibía órdenes”.El policía se llama Juan Carlos Bayarri y fue quien impuso en el caso la “teoría del árbol envenenado”. Una máxima judicial que dice que si un árbol está envenenado, todos sus frutos lo estarán: significa que si un caso judicial comienza con una confesión bajo torturas (el árbol) todo lo que se avance a partir de ella (sus frutos) resultarán inválidos.Juan Carlos Bayarri, durante el juicio contra la “banda de los comisarios”. (Foto: Gustavo Ortiz)Eso llevó el secuestro de Macri -entonces vicepresidente de SOCMA y sólo conocido por ser el hijo de Franco- a un círculo interminable de chicanas jurídicas, apelaciones, quejas, recursos, pedidos y anulaciones que llegan hasta hoy.Un compendio de los absurdos que son posibles en la Justicia argentina.Macri tenía 32 años cuando se lo llevaron de la puerta de su casa en Palermo Chico, a metros de Canal 7, y la investigación por su caso va a cumplir 27.Una vida.Franco Macri y José Luis Manzano, junto a Mauricio Macri, el día de su liberación.Bayarri acusó con nombre y apellido a los policías que presuntamente lo torturaron -el principal era el comisario Carlos Sablich, a quien dijo no haber visto pero sí reconocer “por la voz”- y llevó el caso todo lo lejos que pudo.Por un lado, acusó al juez Zelaya por aquello de “no perseguir delincuentes” porque Zelaya sobreseyó tres veces a los policías acusados de torturarlo. Por otro, llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el visto bueno del gobierno de Cristina Kirchner, que ordenó a los abogados del Estado argentino no oponer mayor resistencia al fallo contra la Argentina.La sentencia a favor de quien había sido condenado a perpetua por el secuestro de Macri salió en octubre de 2008, cuando la víctima del secuestro ya era jefe de Gobierno porteño y un claro opositor al gobierno kirchnerista.José Luis Manzano y Mauricio Macri, el día de la liberación del empresario.Después de que una de las apelaciones llegara a la Cámara Federal, ésta le ordenó a Zelaya procesar a Sablich y al resto de los policías acusados por torturas y así lo hizo el juez. Fueron a juicio oral y condenados en 2014 a 16 años de cárcel por tormentos, en un fallo festejado como un logro propio por la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó y su recién creada Procuvin, la fiscalía especial contra la violencia institucional que comandaba Félix Crous, el ex humorista de Marcelo Tinelli.La Procuvin es la misma fiscalía que apareció alentando a los testigos falsos en Chubut mientras Santiago Maldonado estaba desaparecido, el año pasado.Es la que impulsó la denuncia por “desaparición forzada” en base a relatos de presuntos testigos directos -el recordado “mapuche de los binoculares” y el llamado “Testigo E”- que terminaron siendo falsos.Curioso: la actuación y el consejo jurídico fueron idénticos que en el caso del condenado por el secuestro de Macri. Llevaron todo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar condenas internacionales contra el Estado argentino.El juicio a la “banda de los Comisarios”.Después de aquella condena a Sablich y otros policías por torturas, la Cámara de Casación la anuló y pidió una nueva sentencia para reducir las penas. Los policías fueron a la Corte, pero les negaron el recurso. Y aún esperan aquella nueva sentencia que nunca llegó.La causa de las torturas por el secuestro de Macri aún sigue abierta.Por el caso del secuestro propiamente dicho ya no hay nadie preso. La mayoría de las condenas se cayeron tras el avance judicial de las denuncias de torturas y la teoría del árbol envenenado envenenó también las penas de los secuestradores, que nunca fueron cumplidas en su totalidad aunque varias eran a perpetua. Entre ellas, la del propio Bayarri.Juan Carlos Bayarri, en 1991.Hoy, ninguno de los ocho condenados está preso. La banda cobró seis millones de dólares en efectivo -uno de los que llevó el dinero hasta un baldío de la Isla Maciel fue su amigo Nicolás Caputo-, pero sólo se recuperaron dos. Macri estuvo cautivo 12 días en el sótano de un taller de la avenida Garay y Chiclana.El lugar donde estuvo cautivo el actual presidente en agosto de 1991.Los secuestradores fueron los integrantes de la llamada “banda de los comisarios”, policías que se conocieron en la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal en los años 70, de donde se nutrían habitualmente varios grupos de tareas de la dictadura.Sus principales integrantes eran los comisarios José Ahmed, Alfredo Vidal y Samuel Miara. Actuaron desde 1978 (cuando secuestraron a la adolescente Karina Werthein, hija del dueño del Banco Mercantil) hasta el secuestro de Macri, en 1991. En el medio cometieron al menos otros cinco secuestros resonantes como los de los empresarios Osvaldo Sivak (1979) y Rodolfo Clutterbuck (1988).Alfredo VIdal, uno de los integrantes de la “banda de los comisarios”.Bayarri -que integró aquella Superintendencia de Seguridad, donde era conocido como El Pelado- se hizo amigo de Sergio Schoklender en la cárcel y luego trabajó un tiempo con él en la Fundación Madres de Plaza de Mayo.Sigue pidiendo que Sablich vaya a la cárcel y quizá vuelva a la CIDH con la queja por el sobreseimiento al juez Zelaya. Allí ya le fue bien, aunque en otro contexto: por el fallo durante la gestión kirchnerista, cobró una indemnización de 295.000 dólares. Pasó de condenado a perpetua por secuestro a acreedor privilegiado del Estado argentino.Y algo más: le borraron todos los antecedentes penales.