Tras 12 días de espera, entregaron el cuerpo del militar muerto por torturas en Venezuela

Tras doce días de espera, las autoridades venezolanas entregaron este miércoles el cuerpo del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió luego de ser detenido por miembros del servicio de contrainteligencia militar. Pero el entierro se hizo en un operativo policial controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, según denunciaron los familiares.Bajo custodia policial y en medio de reclamos de sus familiares y de organismos de derechos humanos, que se quejaron de que las autoridades controlaron la inhumación, el organismo estatal de medicina forense entregó el cuerpo de Acosta Arévalo quien falleció el 29 de junio, una semana después de ser apresado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) señalado de estar vinculado con un supuesto complot contra el gobierno.

El cuerpo del militar muerto en prisión fue enterrado este miércoles, en medio de un operativo policial. /EFE

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Las dudosas circunstancias de su muerte y los signos de tortura que según testigos tenía el militar desataron una intensa polémica que golpeó al gobierno de Maduro.Abogados y familiares denunciaron que Acosta Arévalo fue sometido a torturas durante su reclusión y como prueba de ello señalaron que un día antes de su muerte el militar fue presentado en silla de ruedas en un tribunal con numerosas excoriaciones y hematomas y restos de sangre en las uñas.

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La autopsia, la semana pasada, determinó que el militar tenía 16 costillas rotas. “La necropsia de ley practicada al cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo determinó como causa de muerte ‘edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiolisis por politraumatismo generalizado'”, informó el miércoles pasado el periodista venezolano Eligio Rojas, que tuvo acceso al estudio. El activista Alonso Medina Roa, abogado de la familia del militar, dijo a la prensa que el cuerpo de Acosta Arévalo fue reconocido por una de sus hermanas y “entregado al Estado” por orden de un tribunal.”La familia realizó todos los trámites pero es el Estado quien lo está enterrando”, afirmó Medina Roa al denunciar que el gobierno estaba haciendo una “inhumación controlada”.

Carmen Arévalo de Acosta, madre del capitán Rafael Acosta Arévalo, sale de la morgue de Bello Monte, este miércoles en Caracas. /EFE

Pasado el mediodía, el venezolano fue enterrado en un cementerio del este de la capital ante la presencia de su madre, una hermana y numerosos funcionarios públicos, indicó Medina Roa. Durante la mañana, la policía limitó la entrada al cementerio para evitar el paso de la prensa al entierro del militar.Sobre el desarrollo del proceso, el abogado afirmó que fueron “muchos los obstáculos que ha puesto el Ministerio Público para procurar una investigación clara y transparente”.Más temprano, a través de un video publicado en redes sociales, la viuda de Acosta Arévalo, Waleswka Pérez, denunció que la Morgue de Bello Monte, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, habría incurrido en “procedimiento ilegal” al procesar la “entrega controlada del cuerpo”.

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“Yo no he solicitado ningún servicio fúnebre de esa empresa”, afirmó la viuda de Acosta Arévalo, al tiempo que comparó este procedimiento con el que ocurrió a principios de 2018 con la muerte de otro opositor a Maduro, el ex policía Óscar Pérez.En enero de 2018, el gobierno realizó un entierro controlado de Pérez y seis de los integrantes de su grupo rebelde, que fallecieron en una operación que realizaron las fuerzas de seguridad en una barriada a las afueras de Caracas donde se escondían. Opositores y activistas de derechos humanos consideraron el caso como una “masacre”.Pérez se dio a conocer a mediados de 2017 tras atacar, desde un helicóptero que robó a la policía judicial, las sedes del Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia.

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Por la muerte de Acosta Arévalo fueron arrestados la semana pasada un teniente y un sargento de la Guardia Nacional que trabajan en la DGCIM. Ambos, de 23 y 22 años, fueron imputados por la Fiscalía General del delito de homicidio preterintencional y se estableció como su lugar de reclusión la sede de ese organismo.El caso del oficial fue condenado por varios gobiernos y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que urgió a las autoridades a realizar una investigación “independiente” y “transparente” que incluyera una autopsia bajo estándares internacionales.El pronunciamiento de Bachelet se dio pocos días antes de que presentara un informe en el que denunció la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante la gestión de Maduro.Fuente: agencias

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