¿Es necesario un nuevo régimen penal juvenil?

(Foto: Télam)Un año atrás, Brian, un joven de 14 años, mata a Brian, otro joven de 14 años que acompañaba a su abuelo cuando este intentó defender a dos mujeres que estaban siendo asaltadas por el primer Brian. Una vez capturado por la policía y derivado a la Justicia, ni siquiera fue expulsado del país: con anuencia judicial, viajó a Perú. Unos meses más tarde, Brian regresó para los funerales de uno de sus hermanos y, como si nada hubiera pasado, volvió a su hogar, situado a unas pocas cuadras de la familia enlutada. Los padres de Brian denunciaron el hecho pero nada pudieron hacer. Dos Brian con los mismos años. Uno reintegrado a su lamentable entorno socioambiental. El otro bajo tierra, sin justicia.Traigo esta historia de vida y de muerte por la simetría de sus actores: mismo nombre, misma edad y misma pertenencia a un barrio. Y porque en disciplinas diversas, se probó que es más sencillo generar políticas públicas a partir de casos de carne y hueso que a partir de principios abstractos.Es cierto que una de las deudas de las políticas públicas nacionales es la sanción de un régimen penal juvenil. Pero también es cierto que bajar la edad de imputabilidad es una medida distractora del Gobierno con la que intenta acallar los fracasos económicos. Sin embargo, hay algo más: una de las banderas del oficialismo es que, a diferencia del paradigma Zaffaroni, la política penal se centraría en la víctima y no en el victimario. Y hasta ahora, en cierta medida, lo fue: se sancionó la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos y la reforma de la ley 24660 de ejecución de la pena. Pero el proyecto de ley que bajará la edad de imputabilidad de 16 a 15 años es incompatible con la bandera de poner en el centro a la víctima, la que lo sigue siendo independientemente de la edad del agresor.En el derecho anglosajón, la responsabilidad criminal se solía conceptualizar de dos modos: no solo se evaluaba la capacidad para participar en un juicio, sino que, además, se tomaba en cuenta la capacidad de infringir la ley, tal como fue considerada en la doctrina del doli incapax, en cuyo marco se considera que los menores de 7 a 14 años son incapaces de discernir si un acto es ilícito, salvo que se pruebe lo contrario durante el juicio. Sin embargo, a diferencia del tinte que descolorea nuestros debates, en 1998 el Reino Unido anuló el doli incapax y desde entonces todos los menores, sin diferencia de edad, son imputables.El proyecto de ley que bajará la edad de imputabilidad de 16 a 15 años es incompatible con la bandera de poner en el centro a la víctima, la que lo sigue siendo independientemente de la edad del agresorEn nuestro país, ¿cuál será la incidencia de la baja de edad de imputabilidad de 16 a 15 años en los Brian agresores y en los Brian agredidos?En primer lugar, esa baja es pragmáticamente incoherente: la franja etaria reducida en un año no produciría disminución alguna, porque los adultos emplearían como soldaditos a jóvenes de 14 o menos años.En segundo lugar, la edad de 15 años es absolutamente arbitraria. Pero como la ley exige arbitrariedad porque no deja de ser una convención humana, se debería atender a preservar no solo la seguridad de la población, sino también la seguridad de quienes delinquen. Con esa baja de edad (como con cualquier otra), los menores continuarán contaminándose en su entorno socioambiental nocivo.Una propuesta alternativa, compatible con las convenciones internacionales a las que adhirió la Argentina y puesta en práctica en otros países, es la que toma en cuenta tanto la gravedad del acto como la edad del menor: mientras que antes de los 10 años el menor es inimputable, en cambio, entre los 10 y los 14 existe presunción de imputabilidad.La trampa mortal de las historias de Brian y Brian involucra a dos víctimas: pero una, la agresora, está viva. La otra, la agredida, estará viva apenas en el recuerdo de sus sobrevivientes. En delitos leves, se les debería quitar a los padres la responsabilidad parental y se los debería hacer civilmente responsables del acto del menor.  Con el fin de sacarlos de su entorno criminógeno, se propone el internamiento en un centro socioeducativo donde puedan completar sus estudios, enseñárseles un oficio y tratarlos de sus adicciones si correspondiera.En delitos contra la vida, al igual que en los casos de menor gravedad y atendiendo al bienestar y la seguridad del menor infractor, se debe quitar a los padres la responsabilidad parental, haciéndolos civilmente responsables del acto del menor, siendo demandados por la reparación del daño moral y espiritual que provoca la pérdida de una vida. Y con el fin de sacarlos de su entorno criminógeno, deben ser internados en un centro socioeducativo donde puedan completar sus estudios, enseñárseles un oficio y ser tratados de sus adicciones si correspondiera. Los niños con trastornos mentales y aquellos que no son aptos para participar de un proceso podrían ser derivados e internados en servicios de salud mental.Ante delitos contra la vida, se debe castigar proporcionalmente al daño cometido; esto es, a delito de adulto, pena de adulto.Pero, a diferencia de lo que sucede hasta hoy —el menor queda en un limbo legal a merced de un juez que discrecionalmente puede enviarlo a su casa o internarlo según su mejor parecer—, los jóvenes imputados por delitos contra la vida deben ser juzgados de acuerdo con el debido proceso y, una vez cumplidos los 18 años, ser trasladados del centro socioeducativo a pabellones especiales en una prisión de adultos, hasta el efectivo cumplimiento de la pena. Porque partiendo de políticas penales exitosas en el mundo, ante delitos contra la vida, se debe castigar proporcionalmente al daño cometido; esto es, a delito de adulto, pena de adulto.Según los datos de “La edad de responsabilidad criminal”, artículo publicado por la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido, la disminución reciente de delitos cometidos por menores de edad en el Reino Unido, más que a los cambios en la conducta de los menores, se explica por la política de retrasar la primera entrada al Sistema de Justicia Criminal, postergación que se cumpliría en el esquema progresivo de la propuesta antedicha.La Convención de los Derechos del Niño resalta la necesidad de protección y salvaguardas legales para los menores, promoviendo medidas no judiciales para tratar a los menores en conflicto con la ley penal. Pero, además, exige una edad de imputabilidad mínima que respete la condición emocional del menor. En contrapartida, y atendiendo a la protección de la ciudadanía, el Reino Unido mantiene la edad de imputabilidad en 10 años (sí, leyó bien, 10 años) porque a esa edad el niño ya goza del desarrollo psicológico y moral que lo habilita para la comprensión de la irreversibilidad de la muerte.Pero por sobre todo, las legislaciones más eficaces toman en cuenta que, de considerarse algún cambio en la edad de imputabilidad, se debe atender a las necesidades de las víctimas. Al fin y al cabo, para bien o para mal, los sentimientos de los enlutados por Brian Aguinaco forman parte de la condición humana. Y no pueden ser extirpados ni siquiera por ley. Una ley que los debe respetar.La autora es presidente de la Asociación Civil Usina de Justicia. Directora del área virtual de Bioética de la Universidad Isalud.

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