Sobreseyeron a un ladrón por un error de procedimiento: “Es ridículo, la Policía actuó muy bien”

El robo de celulares es el delito más repetido en el país. Se estima que se denuncian unos 4.200 hechos por día, en promedio. Los allanamientos, las causas judiciales y las medidas del gobierno no llegan a revertir la tendencia, porque parecen perderse entre la burocracia y los procedimientos policiales.Fue así que el 23 de junio G. quedó envuelto en un vericueto de la Justicia casi sin querer. A las 10.15 de ese día, en la parada de la línea 130 que está sobre Avenida Del Libertador al 1000, se quedó dormido con los auriculares puestos y la música sonando en su celular. Dos personas en bicicleta aprovecharon la situación, le robaron el teléfono y escaparon. “Lo único que vi fue la sombra de alguien que se iba”, recuerda G., un venezolano de 20 años que se mudó a Buenos Aires en 2017. 

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Un chofer de la línea 92 vio la escena y alertó a la Policía, que logró detener a los ladrones. Cuando los requisaron encontraron un celular. Les pidieron el código de desbloqueo pero no lo sabían. Así comprobaron que se trataba del equipo robado y buscaron la manera de contactar a la víctima. Ese sería el eje de la futura polémica.G. se enteró de la detención de los asaltantes varios minutos después. Estaba en su casa cuando un familiar lo llamó para decirle que la Policía tenía su celular. “Cuando fui a la comisaría me pidieron que lleve todo lo que probara que era mío. La factura, la caja, el número de IMEI, etc. También les di la descripción de lo que había al desbloquear la pantalla, además de que pude ingresar el código”, recuerda el joven a Clarín. El juez de instrucción Manuel de Campos procesó a quien tenía el celular en el bolsillo por hurto. El asaltante, identificado como Facundo, quedó preso por “reincidente”. Tenía tres condenas por robo simple y robo agravado pero había sido beneficiado con una libertad asistida.Sin embargo, hubo un elemento que derivó en una polémica resolución de la sala 6 de la Cámara de Apelaciones en lo criminal y correccional que lo anuló todo. Pedro Alejandro Galián, el policía que recuperó el teléfono de G., sacó la tarjeta SIM del aparato y lo colocó en otro. Lo hizo -explicó- para poder contactar a la víctima y avanzar con la investigación. 

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Los camaristas que declararon nulo el procedimiento, liberaron a Facundo y absolvieron a su cómplice, indicaron en la resolución que “no existió urgencia ni peligro alguno de perder información necesaria para ubicar al damnificado, por lo que la inspección del aparato para desbloquearlo, retirar el chip y colocarlo en el suyo para llamar al primo de la víctima resultó ilegal”. Para la Cámara, el policía”excedió en los límites que la ley fija a sus facultades de intervención” y afectó el “derecho de defensa del imputado pues la parte no tuvo oportunidad de controlar la prueba, que este caso derivó en la forma en la que se habría dado con el damnificado que se realizó sin la presencia de testigos, medida que así resultó irreproducible”. Por último, los jueces Julio Marcelo Lucini y Magdalena Laiño marcaron que “se vislumbra la afectación al derecho a la privacidad”. El camino empezó con la defensa del acusado, que pidió la nulidad del procedimiento al considerar que el policía “debió haber entregado el celular al juzgado”. El fiscal Patricio Lugones rechazó el planteo porque entendió que el policía porteño había actuado “como marca la ley”. El juez Campos coincidió. Pero la defensa apeló y la Cámara tiró por borda la causa. “Parece el mundo del revés. La Policía trabaja, lo hace bien y termina teniendo cuestionamientos”.Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad porteñoG. se enteró del fallo por los medios. “Me parece una decisión ridícula. Yo nunca sentí que invadieran mi privacidad porque lo habilité yo el teléfono. Además el policía actuó muy bien, se contactaron enseguida, como pudieron. Quedé maravillado por lo rápido que actuaron para devolverme el celular, porque yo lo necesitaba para trabajar”, cuenta el joven, que en ese momento era contratado por día en un importante hotel porteño. “Si no me podían ubicar, no cobraba”, explica.Tras conocer la noticia, G. quedó preocupado. “Ahora no quiero decir mi nombre, estoy preocupado, porque capaz estas personas se quieren vengar, me pegan un tiro y después quedan libres por la decisión de un juez que dice que todo es nulo”, se indignó. El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, criticó la decisión judicial. “Parece el mundo del revés. La Policía trabaja, lo hace bien y termina teniendo cuestionamientos. Acá dejaron libre a una persona que está comprobado que delinquió. Las sentencias tienen que poder comprobarse. No se puede tomar una decisión judicial apartada de cualquier sentido común. Eso fue lo que pasó con esta sentencia que me parece está errada”. 

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