Allananaron las oficinas de Odebrecht por segunda vez

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi allanó hoy la sede de la empresa Odebrecht en la avenida Alem, en el marco de la causa que investiga los sobornos que se pagaron en la obra del Soterramiento del Tren Sarmiento. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, se buscó en esta oportunidad información más vinculada a los contratos de obra y al proceso licitatorio que están siendo peritados. Con el objetivo de reconstruir la ruta de los sobornos que se pagaron en el marco de la obra del Soterramiento que tiene un presupuesto de 3.000 millones de dólares, el juez Marcelo Martínez De Giorgi volvió a allanar la sede de Odebrecht Argentina, en medio de un exhaustivo peritaje que se está realizando sobre el proceso licitatorio.Consultados por Clarín, desde la empresa confirmó el operativo realizado en su oficina. La empresa se había presentado el 9 de mayo en el juzgado y “ofreció colaborar de forma amplia y definitiva con las investigaciones. La empresa reafirma su posición en colaborar con la justicia”, indicaron. El juez ordenó el operativo después de disponer el secreto de sumario en la causa. Según pudo reconstruir Clarín, se pidió información vinculada a los contratos de obras, pagos realizados al respecto y sobre todo aquello que refiera al proceso licitatorio. Los pliegos están siendo peritados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez.Rodeada de sospechas de corrupción, el gigante brasileño vendió su participación en la obra del soterramiento a la italiana Ghella que tiene desde entonces, el 70,4% del consorcio. La empresa local Sacde (ex Iecsa) permanece con el 28,6%; y la española Comsa tiene el 1% restante.En Argentina Odebrecht habría pagado coimas por cien millones de dólares para manipular diversos procesos licitatorios y así, ganar contratos en el país. Además del Soterramiento, la firma participó de la construcción de la planta potabilizadora de AySa, bajo investigación judicial; y de la ampliación de gasoductos, causa que lleva el juez Daniel Rafecas y que tendría un sobreprecio de 800 millones de dólares, tal como contó Clarín.Suspendida del registro de empresas constructoras proveedoras del Estado, fuera de la millonaria obra del Soterramiento del Tren Sarmiento, la firma brasileña investigada en el Lava Jato por corrupción y lavado de dinero, sólo mantiene una obra en nuestro país, se trata del gasoducto de la provincia de Córdoba.

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